El 1 de octubre de 2025 entró en vigor la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural. El BOE la presenta como un ajuste técnico, pero la realidad es que estamos ante otro parche regulatorio en un sistema energético que arrastra los mismos problemas estructurales desde hace décadas.
La resolución amplía el acceso a la TUR a comunidades de vecinos, edificios públicos residenciales y entidades sin ánimo de lucro. A primera vista, parece una medida socialmente justa: más colectivos tendrán un escudo frente a la volatilidad del mercado. Sin embargo, cabe preguntarse si esta ampliación es una solución real o simplemente un bálsamo temporal para una factura del gas que sigue siendo incomprensible y, en muchos casos, inasumible.
El esquema de precios aprobado refleja una contradicción evidente: los pequeños consumidores pagan más caro cada kilovatio, mientras que las grandes industrias disfrutan de tarifas unitarias mucho más bajas. El mensaje implícito es claro: se protege a los grandes consumidores por su peso económico, mientras los hogares siguen soportando un coste relativo mayor. ¿De verdad es esta la forma de equilibrar la transición energética?
Otro aspecto polémico es la complejidad del sistema de costes. La resolución detalla con precisión quirúrgica cómo se reparten los ingresos entre transporte, plantas de GNL, red local y cargos regulados. Pero, ¿cuántos ciudadanos entienden realmente qué están pagando cuando reciben su factura? La falta de transparencia es un mal generalizado en el sector energético español: mientras se proclama la defensa del consumidor, la regulación sigue siendo un laberinto técnico diseñado para especialistas, no para usuarios.
Además, el coste de la materia prima (27,9 €/MWh) sigue atado a factores internacionales imprevisibles: petróleo, tipo de cambio, cotizaciones en mercados europeos. En un contexto geopolítico inestable, el gobierno actúa más como gestor de crisis que como estratega. Cada resolución es una medida de contención, pero no hay señales de una reforma que reduzca nuestra dependencia del gas importado o que acelere de forma decidida la transición hacia renovables y almacenamiento.
En definitiva, la nueva TUR de gas natural es una medida necesaria pero insuficiente. Protege, sí, pero no transforma. Ofrece precios de referencia, pero no resuelve la falta de transparencia. Amplía beneficiarios, pero no equilibra desigualdades entre consumidores. El debate urgente no es si la TUR debe revisarse cada trimestre, sino si España seguirá gestionando la energía con parches regulatorios o si, de una vez por todas, afrontará la reforma estructural que exige la crisis climática y la seguridad energética.