Nuevo proyecto de ley sobre los centros de datos en España
El gobierno publicó, el 27 de agosto, un proyecto de real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
Hasta esa fecha, el debate del sector en España y en Europa se centraba en cómo evitar quedar relegados en la soberanía digital y en cómo resolver la necesidad de energía de estas infraestructuras, cada vez más demandantes de electricidad por las nuevas versiones de la inteligencia artificial. El permiting se planteaba como otra de las principales trabas en el desarrollo de estos proyectos.
Las limitaciones energéticas de los centros de datos del norte de Europa ponían en el tablero de juego a España, Portugal e Italia, que se postulaban como su mejor relevo.
Cambio radical de las reglas de juego
Bien, pues desde el 27 de agosto, la propuesta de Real Decreto para los Centros de Datos cambia radicalmente las reglas de juego en España, que se posiciona en un plano muy diferente al de sus competidores del sur de Europa, exigiendo:
- Parámetros de excelencia en eficiencia energética e hídrica
- Consumo renovable del 80%, con correlación horaria, procedente de plantas renovables de nueva creación
La norma española pone así el foco en la sostenibilidad y en la protección de los recursos energéticos e hídricos.
El nuevo enfoque pretende evitar las tensiones que el sistema eléctrico está provocando en países como Irlanda, donde las granjas de servidores consumen cerca del 23% de la electricidad, casi el equivalente al consumo de los hogares del país y que ha pasado del modelo de barra libre a imponer las normas más estrictas del sector en Europa
Portugal e Italia, las alternativas a España
El nuevo enfoque pretende evitar las tensiones que el sistema eléctrico está provocando en países como Irlanda, donde las granjas de servidores consumen cerca del 23% de la electricidad, casi el equivalente al consumo de los hogares del país y que ha pasado del modelo de barra libre a imponer las normas más estrictas del sector en Europa, o Dinamarca, que el 20 de agosto publicó el proyecto de ley de emergencia que reforma el acceso a la red, ante la explosión de solicitudes que multiplican por ocho la capacidad máxima eléctrica del país.
Singapur y Países Bajos también han tenido que aplicar restricciones estrictas a la construcción de nuevos centros de datos para proteger sus redes eléctricas. En países como EE.UU., el norte de Virginia sufre inestabilidad por desconexiones masivas y Texas está colapsada por las solicitudes de conexión.
En este escenario España tiene varias ventajas competitivas relevantes para los centros de datos, por sus recursos renovables y por la posición estratégica de la península ibérica, que como gran hub digital de Europa, recibe los principales cables de fibra óptica que cruzan el Atlántico y rodean África.
Eso hace que nuestro país esté recibiendo el interés de numerosos proyectos que, con la normativa propuesta, empiezan a barajar la dificultad técnica y la rentabilidad que supondría su desarrollo en España, y comienzan a mirar a Portugal o Italia, que han aprobado decretos para simplificar la burocracia y que se están posicionando a nivel competitivo como los anfitriones más atractivos del sur de Europa para estas instalaciones tecnológicas.
Tras el apagón del 28 de abril, la saturación de nuestra red y la dificultad para operar el sistema, evidenciada este verano en las sucesivas olas de calor que han obligado a activar ya seis veces el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), hacen que lo más coherente pueda ser poner coto a infraestructuras tan demandantes de recursos tan escasos como la electricidad y el agua.
El precio, además de no recibir lo que supondrían esos proyectos en inversión, conocimiento y empleo, será quedar fuera de la carrera por acoger unas infraestructuras clave para la inteligencia artificial, y asumir la dependencia de terceros que eso conlleva.
Es poco probable que las alegaciones supongan un cambio en los requisitos de sostenibilidad, pero habrá que esperar para confirmarlo y algo más para ver si la excelencia exigida supone un giro sostenible para estas inversiones o las aleja definitivamente de España.