Inseguridad jurídica – Qué será será

Si abril nos dejó con el morro torcido por el apagón, julio lo hace por una inestabilidad regulatoria cada vez más manifiesta, que contribuye acrecentando cada vez más la inseguridad jurídica.

Miro a Portugal, que sufrió el apagón igual que España el pasado 28 de abril, y les envidio. Han tenido un gobierno que ha respondido de manera clara y firme planteando un paquete de medidas que, sin entrar en su contenido, marca una dirección definida, que permite a los distintos actores, tanto del sector energético como del resto, conocer la hoja de ruta y tener claras las reglas del juego.

Nosotros, sin embargo, repetimos errores recientes. A principios de año ya vimos cómo mezclar medidas en un real decreto que debe ser aprobado por el arco parlamentario, era derogado, poniendo así en evidencia la falta de consenso político. Sorprendentemente, a mitad de año vemos cómo el gobierno aprueba nuevamente un real decreto que mezcla medidas heterogéneas. Unas para reforzar el sistema eléctrico, otras para acelerar la transición energética, otras para ayudar a la competitividad de la industria electrointensiva y otras fiscales y administrativas. Otro ómnibus, refrito o como queramos llamarlo, que nuevamente, ha sido tumbado un mes después por el parlamento.

Y después de eso vamos viendo más baile de decretos y medidas, que en este caso no tienen que pasar por la cámara baja. El 29 de julio un paquete de medidas para mejorar la eficiencia energética de la industria (bienvenido sea).

Hoy mismo, unas horas antes de escribir este artículo, un paquete de medidas urgentes que no requiere convalidación de la cámara baja, orientado a reforzar la estabilidad y capacidad de respuesta a problemas críticos de suministro eléctrico (bienvenido también), ¿Porqué no se elige esta estrategia desde el principio?. Por una ambición que pasa por el chantaje y por el todo vale… o al menos es lo que a mí me sugiere todo este transcurso de acontecimientos.

"Prolongar de forma indefinida descuentos en la factura eléctrica también tiene costes que alguien debe asumir y supone elegir entre más déficit público o más carga sobre otros usuarios del sistema"

Iván Santos Cofundador de Enerjoin

A un contexto como el actual, en el que la competitividad y los objetivos de descarbonización están siendo grandes retos para la industria, esta imprevisibilidad regulatoria lo complica todo y se suma al resto de riesgos que las empresas tienen que adoptar, cuando debería ser todo lo contrario, un marco de seguridad.

Y todo esto sin entrar en otros efectos colaterales tan relevantes como la inversión extranjera.

A esa imprevisibilidad se une la ambigüedad de la normativa, que también venimos sufriendo varios años, por ejemplo, en el estatuto de consumidores electrointensivos, cuyas obligaciones van siendo reinterpretadas cada año por sus responsables, con matices relevantes y ponen de nuevo de manifiesto la inseguridad jurídica de la que hablamos.

Estas impresiones se ven respaldadas por indicadores objetivos que distintas instituciones miden año tras año y que muestran una tendencia de deterioro desde principios de los años 2000, con un descenso acentuado en los últimos años, especialmente en aspectos como independencia judicial, estabilidad regulatoria y previsibilidad normativa.

Nuestra constitución, en su artículo 9.3, pone de manifiesto el marco necesario del que hablamos: “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos“.

Quién nos hubiera dicho que un principio tan bien identificado en nuestra Carta Magna, se iba a ver tan perjudicado en nuestros días y que ante los desafíos de gran calado para la ciudadanía y la industria, nos levantaríamos tarareando, como Doris Day “Qué será será”.